Por una camisa de marca GAP un consumidor canadiense paga 34 dólares, mientras en El Salvador una obrera gana 27 centavos de dólar por confeccionarla en una planta maquiladora. Entre los 60´s y 70´s comienza el proceso de traslado de cierta industria de ensamblaje desde territorio de los Estados Unidos hacia América Latina. Para los 90´s, con el gran impulso a la liberalización del comercio internacional y la globalización de la economía, el fenómeno ya se había expandido mundialmente, siendo el capital invertido no sólo estadounidense sino también europeo y japonés.
En Latinoamérica hoy día esas industrias son comúnmente conocidas como "maquilas" (maquila es un término árabe que significa porción de grano, harina o aceite que corresponde al molinero por la molienda), lo cual invariablemente se asocia a precariedad laboral, falta de libertad sindical y de negociación, salarios de hambre, largas y agotadoras jornadas de trabajo y -nota muy importante- primacía de la contratación de mujeres. Esto último, por cuanto la cultura machista dominante permite explotar más aún a las mujeres, a quienes se paga menos por igual trabajo que los varones, y a quienes se manipula y atemoriza con mayor facilidad (un embarazo, puede ser motivo de despido).
Etas industrias, en realidad, no representan ningún beneficio para los países donde se instalan. Lo son, en todo caso, para los capitales que las impulsan, en tanto de favorecen de las ventajas ofrecidas por los países receptores (mano de obra barata y no sindicalizada, exención de impuestos, falta de controles medioambientales). En los países que las reciben, nada queda.
Las empresas maquiladoras inician, terminan o contribuyen de alguna forma en la elaboración de un producto destinado a la exportación, ubicándose en las zonas francas o zonas procesadoras de exportación, en claves que quedan prácticamente por fuera de cualquier control, pero nunca producen la totalidad de la mercadería final; so sólo un punto de la cadena, dependiendo integralmente del exterior, tanto en la provisión de insumos básicos como en el mercado que habrá de absorber su producto.
En el subcontinente latinoamericano, dada la pobreza estructural y la desindustrialización histórica, más aún con el auge neoliberal que ha barrido esta región estas tres últimas décadas, los gobiernos y muchos sectores de la sociedad civil claman a gritos por su instalación con el supuesto de que así llega inversión, se genera ocupación y la economía nacional crece. Lamentablemente, nada de ello sucede.
En realidad las empresas transnacionales buscan rebajar al máximo los costos de producción trasladando algunas actividades de los países industrializados a los países periféricos con bajos salarios, sobre todo en aquellas ramas en las que se requiere un uso intensivo de mano de obra (textil, montaje de productos eléctricos y electrónicos, de juguetes, de muebles). Si esas condiciones de acogida cambian, inmediatamente las empresas levantan vuelo sin que nada las ate al sitio donde circunstancialmente estaban desarrollando operaciones. Qué quede tras su partida, no les importa. En definitiva: su llegada no se inscribe -ni remotamente- en un proyecto nacional de industrialización, de modernización productiva, más allá de un engañoso discurso que las pueda presentar como tal.
Toda esta reestructuración empresarial se produce en medio de no pocos conflictos sociales en los países del Norte, pues cientos de fábricas cierran y dejan desocupados a miles de trabajadores.
En la década del 90 más de 900.000 empleos se perdieron en Estados Unidos en la rama textil y 200.000 en el sector electrónico. El proceso continúa aceleradamente, y hoy día las grandes transnacionales buscan maquilar prácticamente todo en el Sur, incluso ya no sólo bienes industriales sino también partes de los negocios de servicios.
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